Una veintena de organizaciones dominicanas condena las deportaciones masivas y el reciente decreto que contempla la expulsión de extranjeros que ocupen o invadan irregularmente propiedades públicas o privadas, lo que afecta especialmente a los haitianos.
En un manifiesto divulgado este lunes y apoyado por organizaciones de Argentina, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay y por particulares, los firmantes alertan de que se está ante "una campaña de deportaciones masivas muy peligrosa que puede convertirse en una campaña de limpieza étnica si la sociedad dominicana no muestra reflejos democráticos y le pone un freno al gobierno” del presidente Luis Abinader.
“Además de negarles el derecho a la pensión a los viejos trabajadores cañeros, ahora directamente el gobierno amenaza con aplicar una limpieza étnica a una escala no vista desde 1937", en alusión a la masacre de haitianos durante el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, añade el texto.
En relación al decreto sobre la ocupación de propiedades, los firmantes recuerdan que, en virtud del mismo, "las personas expulsadas quedarían permanentemente impedidas de regresar a territorio dominicano" y consideran que esta normativa no aporta nada nuevo y es "un documento fundamentalmente político, que habilita el desalojo de los bateyes (edificaciones) en tierras del Estado y de empresas azucareras privadas”.
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Recuerdan que actualmente siguen desnacionalizados unos 200.000 dominicanos de ascendencia haitiana y que miles de haitianos que han vivido y trabajado durante décadas en República Dominicana "no cuentan con residencia legal debido a una política deliberada de no regularización migratoria aplicada por los sucesivos gobiernos".
Destaca que la persecución contra los trabajadores haitianos sirve para mantenerlos en condiciones de extrema precarización y superexplotación, aumentando las ganancias empresariales.
Debido a la crisis que vive Haití, agencias de Naciones Unidas y el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, han instado a todos los Estados a detener las expulsiones forzadas a ese país.
El manifiesto señala que, ante las críticas internacionales, el presidente dominicano "amenazó con no solo mantener el actual ritmo de deportaciones, sino incrementarlo (…) El gobierno de Abinader en los hechos no reconoce la vigencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y específicamente de derecho al refugio”, el cual "no amenaza la soberanía de República Dominicana ni la de ningún otro país".
"El gobierno dominicano -añade- ejecuta expulsiones masivas, incluyendo la detención arbitraria de mujeres embarazadas e infantes sin la compañía de sus padres o representantes legales. Está documentada la detención arbitraria de personas dominicanas de ascendencia haitiana en los operativos migratorios”.
Entre los firmantes están movimientos izquierdistas, de mujeres, el colectivo HaitianosRD o el Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH).
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Según datos oficiales, las autoridades dominicanas deportaron a 11.949 personas durante el mes de septiembre, cifra récord de expulsiones en la historia del país.
También la cantidad de deportaciones entre enero y septiembre del presente año supone una cifra récord, con un total de 85.780.
